Viejo es el viento, y sigue soplando: la indemnización precontractual y una sentencia del 2011

BORIS LOAYZA MOSQUEIRA. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Diego Portales. Ayudante del Departamento de Derecho Civil, Universidad Diego Portales

A estas alturas, no es ninguna sorpresa que ante la pregunta sobre qué puede hacer un acreedor frente a un incumplimiento contractualla respuesta sea que existen ciertos medios de tutela que procurarán ampararlo. La razón de esto es que desde hace un tiempo nuestra doctrina ha venido elaborando un sistema de remedios que buscan, en mayor o menor medida, satisfacer su interés lesionado entre los que destacan el cumplimiento específico, la indemnización de perjuicios y la resolución por inejecución.[1]

Sin embargo, esto que resulta evidente respecto de la responsabilidad contractual, no lo es tanto tratándose de la responsabilidad precontractual, esto es, aquella situación que supone la ausencia de un vínculo obligatorio previo entre las partes.[2] Y no lo es porque solo desde el año 2015 en adelante nuestra doctrina se preocupó de establecer un sistema de medios de tutela precontractuales, articulados en torno a la infracción de los deberes precontractuales de lealtad e información.[3]

La cuestión es importante, pues aclara la respuesta a la interrogante planteada al principio, pero ahora desde la perspectiva de la responsabilidad precontractual, es decir, qué puede hacer un acreedor frente a un defecto o anomalía originado en la fase de formación del contrato.

Pues bien, lo que pretendo considerar en estas líneas es uno de los medios de tutela precontractuales, en particular, la indemnización de perjuicios. Para este objetivo, podemos recordar un antiguo caso resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago el 6 de mayo de 2011, caratulado Muscatt Garrido, Luis Alberto con Asociación Gremial de Medianos y Pequeños Industriales y Artesanos de Quinta Normal y Santiago,[4]el cual alguna vez fue comentado por el profesor Íñigo de la Maza,[5] pero que, en mi opinión, su revisión aún presta utilidad y, a fin de cuentas, ¿no dice el refrán que viejo es el viento, y sigue soplando?

En cuanto a los hechos, el juicio trató acerca de un contrato de arrendamiento sobre un inmueble en el cual se estableció en una de sus cláusulas que la propiedad en cuestión sólo podría dedicarse a local comercial. El arrendatario planeaba utilizar dicho inmueble como una fuente de soda, cuestión que era conocida por el arrendador. Sin embargo, el inmueble no contaba con permiso de edificación y, además, estaba afecto en un 70% de su superficie a expropiación, no siendo posible, por tanto, la obtención de la patente comercial.

            Como señalé más arriba, aquello que pretendo considerar es una de las tres pretensiones del arrendatario: la indemnización de perjuicios[6], la cual fue concedida por el 24° Juzgado Civil de Santiago (quien rechazó el lucro cesante y otorgó $2.419.842 por daño emergente) y confirmada por la Corte de Apelaciones (quien concedió $3.555.185 por daño emergente y denegó, por falta de prueba, el lucro cesante).

Dos son los motivos de esta decisión. El primero consiste en la calificación jurídica que la Corte de Santiago hace de la indemnización de perjuicios; el segundo, con el alcance de dicha indemnización.

Comencemos por el primer problema. En el considerando undécimo de su sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago, siguiendo a Alessandri Bessa, expone: “es cierto que, entre los efectos de la nulidad, la ley no menciona expresamente la obligación de indemnizar estos perjuicios; pero es un principio general de derecho que todo daño imputable a culpa o dolo de otro debe ser indemnizado por éste, a virtud de lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil», siendo esta responsabilidad de naturaleza extracontractual”.

¿Dónde está el inconveniente? La respuesta es que el tribunal de alzada yerra al establecer que la naturaleza jurídica de la indemnización de perjuicios es extracontractual, toda vez de que se trata de una indemnización precontractual, debido a que se origina en un defecto en la formación del contrato. En este sentido, conviene prestar atención a las palabras de la profesora Patricia López, quien estudiando los supuestos en que concurre la indemnización de perjuicios como medio de tutela precontractual, sostuvo: “Lo que resulta indiscutido es que, atendido que la indemnización encuentra su fundamento en un daño provocado por un vicio del consentimiento y este ha tenido lugar en la fase precontractual, la indemnización comprenderá el interés negativo, esto es, dejara al perjudicado en la situación en que se encontraría de no haber celebrado el contrato, siempre que la otra parte hubiera sabido o debido saber la existencia del vicio del consentimiento”.[7]

De esta manera y sin perjuicio de que la intuición de la Corte de Santiago sea correcta –no cabe duda de que a la responsabilidad precontractual le son aplicables las reglas de la responsabilidad aquiliana– la naturaleza jurídica de la indemnización solicitada por el demandante es precontractual, pues concurre junto con la nulidad relativa derivada del error sustancial ex art. 1454 inc. 1° CC y, por lo mismo, se trata de un defecto en la formación del contrato (infracción a un deber precontractual de información).

Si lo anterior es correcto, tenemos que la pretensión indemnizatoria igualmente deberá enderezarse bajo las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil, en consecuencia, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la relevancia de entender que dicha indemnización tiene una u otra naturaleza jurídica?

Para resolver esta cuestión podemos volver a considerar las palabras de la profesora López: “admitir y articular la pretensión indemnizatoria como un medio de tutela precontractual permitirá al contratante que experimenta daños, cuya causa se encuentra en la formación del contrato, organizar adecuadamente su estrategia de protección no solo respecto de la nulidad o la adaptación del contrato, sino también de la indemnización contractual en el evento en que esta confluya con la precontractual (…)”.[8] En otras palabras, determinar la naturaleza jurídica de la indemnización permite articular la pretensión como un medio de tutela precontractual, lo cual posibilitará al demandante organizar mejor su estrategia de defensa.

Pues bien, establecido que la indemnización solicitada por el demandante tiene naturaleza precontractual, toca referirse al segundo problema, esto es, al alcance de dicha indemnización. En esta línea, en lo que respecta al daño emergente, el demandante pidió una indemnización por “la inversión que realizó para habilitar el inmueble”, y, en cuanto al lucro cesante, solicitó “las utilidades que dejó de percibir por no poder utilizar el inmueble para los fines para el cual fue arrendado” (considerando 9°). La Corte de Apelaciones, por su parte, concedió el daño emergente, empero, rechazó por falta de prueba el lucro cesante.

¿Cuál es, entonces, el problema? En mi opinión, no es, precisamente, la decisión de la Corte de Santiago, sino lo que de ella se puede desprender ante la ausencia de fundamentación y la errónea calificación de la naturaleza jurídica de la indemnización. Así, por ejemplo, se podría inferir que los gastos relativos a la inversión para habilitar el bien constituyen, en realidad, una restitución que debe solicitarse con cargo a las reglas de las prestaciones mutuas, por aplicación del efecto restitutorio de la nulidad ex artículo 1687 CC.[9] Sin embargo, estimo que tanto la solicitud del actor –indemnización del daño emergente– como la decisión del tribunal –otorgar dicha pretensión– son correctas, pues al entender la indemnización de perjuicios como un medio de tutela precontractual su alcance queda limitado al interés negativo o gastos de confianza, es decir, mediante ella se busca dejar al perjudicado en la situación en que se habría encontrado de no haber confiado en la celebración del contrato.

El punto es que en este caso no cabe duda de que la indemnización es un medio de tutela precontractual, y que la mejor interpretación de la inversión para habilitar un inmueble realizada por el actor es como un gasto de confianza en que no se habría incurrido de no haberse generado una apariencia suficiente de que el negocio se llevaría a cabo.

Finalmente, el lucro cesante fue rechazado por falta de prueba, no obstante, cabe preguntarse: ¿en un caso como este es posible solicitar una indemnización por lucro cesante? La respuesta, a mi juicio, exige considerar el principio de reparación integral del daño, el cual tratándose de una indemnización precontractual –que se rige por el estatuto extracontractual– se fundamenta en el artículo 2329 CC que establece la indemnización de todo daño. En consecuencia, siempre que el daño esté vinculado causalmente con el ilícito precontractual, deberá ser indemnizado.


[1] Una sistematización de la responsabilidad contractual y sus problemas más relevantes en DE LA MAZA, Íñigo y VIDAL, Álvaro, Cuestiones de derecho de contratos: formación, incumplimiento y remedios, Thomson Reuters, Santiago, 2018, 1° ed., passim.

[2] SAN MARTÍN, Lilian “Responsabilidad precontractual por ruptura injustificada de negociaciones”, Revista Chilena de Derecho, vol. 40 N° 1, p. 318.

[3] Véase LÓPEZ, Patricia, La tutela precontractual del acreedor. Una aproximación desde el Código Civil chileno y su interrelación con la tutela contractual, Thomson Reuters, Santiago, 2019, 1° ed., passim. Los medios de tutela acuñados por la autora son la nulidad relativa, la indemnización de perjuicios y la adaptación del contrato.

[4] Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de mayo de 2011, Rol N° 2259-2010.

[5] DE LA MAZA, Íñigo “Contratos especiales. Comentarios de jurisprudencia. Contrato de arrendamiento, error con trascendencia anulatoria e indemnización de perjuicios. Corte de Apelaciones (1ª) de Santiago, 6 de mayo de 2011. N° Legal Publishing 49274”, Revista Chilena de Derecho Privado N° 17, 2011, pp. 247-259.

[6] Las otras dos fueron la acción de nulidad relativa por error sustancial y la acción de resolución de contrato.

[7] LÓPEZ, Patricia, “Los supuestos y el alcance de la indemnización de daños como medio de tutela precontractual en el Código Civil chileno y su eventual confluencia con la indemnización por incumplimiento contractual”, Revista Ius et Praxis, Año 24, N° 1, 2018, p. 260.

[8] LÓPEZ, Patricia, La tutela precontractual del acreedor. Una aproximación desde el Código Civil chileno y su interrelación con la tutela contractual, Thomson Reuters, Santiago, 2019, 1° ed., p. 58.

[9] DE LA MAZA, Íñigo “Contratos especiales. Comentarios de jurisprudencia. Contrato de arrendamiento, error con trascendencia anulatoria e indemnización de perjuicios. Corte de Apelaciones (1ª) de Santiago, 6 de mayo de 2011. N° Legal Publishing 49274”, Revista Chilena de Derecho Privado N° 17, 2011, p. 259.

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