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Sabido es que la diferencia de sexo de los contrayentes constituye un requisito de existencia del matrimonio, establecido en el art. 102 del Código Civil (CC), en relación con el art. 80 de la Ley de Matrimonio Civil (LMC), según el cual el matrimonio es un contrato solemne celebrado “por un hombre y una mujer”. La cuestión acerca de la procedencia o no de extender el matrimonio a parejas del mismo sexo no está exenta de dificultades en atención a las diversas concepciones existentes en torno al matrimonio mismo, a la sexualidad y su ejercicio, al papel de las creencias religiosas sobre al matrimonio en una sociedad pluralista y democrática y, en fin, a la forma en que deben interpretarse los principios constitucionales y los derechos fundamentales de las personas, de modo de determinar si ellos imponen al Estado legislador la remoción de la regla de heterosexualidad del matrimonio contenida en la definición del matrimonio ya referida.
Desde hace un tiempo hemos visto casos de ventas irregulares de sitios subdivididos que llegan a la justicia. Las personas adquieren estos terrenos mediante la suscripción de una escritura pública ante notario que las hace pensar o creer que son dueñas del dominio sobre el bien inmueble y comienzan a construir. O bien sabiendo que no las hará dueñas, contratan igualmente porque confían en que podrán hacer uso del procedimiento legal para regularizar loteos sin recepción definitiva por parte de la municipalidad establecido en la Ley N° 20.234 y posteriormente en la Ley Nº 20.812.
Antes de analizar la jurisprudencia en cuestión, señalar a propósito de la figura de la ficha clínica, que en materia de judicialización de casos de responsabilidad médica, es un instrumento de suma relevancia ya que en ella consta el historial médico del paciente así como de las actuaciones del facultativo o accionar de la entidad sanitaria, lo cual constituye un instrumento de análisis de la conducta desplegada en el desarrollo médico de un paciente. Entonces como primera aproximación a este instrumento de registro tal como lo dispone el artículo 12 de la Ley 20.584, “ es el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Podrá configurarse de manera electrónica, en papel o en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y se asegure el oportuno acceso, conservación y confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido y de los cambios efectuados en ella”.
Resulta difícil ignorar los cambios en los últimos años en la información que se publicita sobre electrodomésticos en comerciales y afiches. Lo común pareciera ser centrar la atención en aspectos relacionados con la potencia del aparato, su compatibilidad en un determinado ecosistema, o, incluso, el estilo de vida que promueve o proyecta. Sin embargo, no deja de llamar la atención lo infrecuente que resulta anunciar la expectativa de vida útil del producto que se promociona, siendo que esto debiese ser una característica particularmente atractiva para el consumidor, de la misma forma que lo es un bajo consumo de energía.
La abogacía es la profesión de lo disputable. La labor del abogado no es la imposición de las ideas, sino la persuasión y generación de acuerdos. Sea negociando, sea discutiendo ante los tribunales de justicia, sea fundamentando una sentencia. Y esa necesidad de persuadir o generar acuerdos no es sino consecuencia de que, por regla general, el operador jurídico se encuentra frente a posturas diversas o derechamente contrarias a la suya, contra las cuales debe enfrentarse o incluso defenderse.
El día 09 de marzo del 2021, a través de Mensaje del Presidente de la República, se somete a consideración de la Cámara de Diputados, un proyecto que modifica la ley Nº 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Dada la complejidad de las circunstancias actuales, consecuencia de los efectos de la pandemia COVID 19 en la situación económica y sanitaria de los distintos países, es una constante la búsqueda de mecanismos que permitan flexibilizar el rigor del principio pacta sunt servanda cuando se produce una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes en el momento de la negociación del contrato.