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El Código Civil chino que entró en vigor el 1 de enero de 2021 es el primer gran código del siglo XXI y forma parte de un proyecto a la vez jurídico, político y económico. Por un lado, esto demuestra una vez más la centralidad de la codificación, que siempre tiene también un valor simbólico. Por otro, hay un cambio de perspectiva muy significativo: el código del siglo XIX, "este cuerpo de leyes destinado a dirigir y fijar las relaciones de sociabilidad, de familia y de interés, que los hombres pertenecientes a una misma comunidad tienen entre sí" (Portalis en Fenet, Recueil complèt des travaux préparatoires au code civilParís, 1836, 35) reivindicaba en su individualismo propietario "su profunda autonomía respecto al polo publicista, secreto fundamental de la armonía preestablecida y de la certeza estable de las relaciones intersubjetivas de la sociedad burguesa"
Para la procedencia de un reclamo dirigido contra médicos y otros profesionales de la salud, debe hallarse suficientemente acreditada la existencia de relación causal adecuada entre la intervención profesional del demandado y el daño sufrido por el paciente. Tal acreditación tanto puede tenerse por efectuada, por prueba directa, como por un haz de hechos suficientemente probados, por indicios serios, graves y concordantes, por conducto del principio de normalidad, etc. Lo que debe quedar perfectamente claro, es que la complejidad de la determinación causal no puede ser esgrimida como excusa para no resolver correcta y fundadamente las causas de responsabilidad civil, en especial, de responsabilidad médica.
Es interesante apreciar como en ciertos tribunales civiles de justicia (específicamente, Rancagua, San Fernando, Punta Arenas) han establecido la denominada: “Corrección del procedimiento concursal aplicable al deudor”. Lo anterior se origina en la facultad que ha creado el juez concursal para indicarle a cada deudor que presenta su solicitud de liquidación voluntaria (sea empresa o persona deudora en virtud de lo establecido en el artículo 115 y 273 de la ley Nº 20.720, correspondientemente) el procedimiento concursal aplicable o debidamente correcto para resolver la insolvencia que lo aqueja
Una de las primeras cosas que se enseñan en el desarrollo de la cátedra “Derecho Procesal” en las casas de estudio de nuestro país, dice relación con la demanda y sus requisitos, por consiguiente, se analizan los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) y como no, si la demanda, en palabras de COUTURE, es el acto introductorio de la instancia. En dicho articulado, básico y esencial en el ejercicio de la profesión, nos encontramos con la norma prevista en el artículo Art. 256, el cual precisa que “Puede el juez de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los tres primeros números del artículo 254, expresando el defecto de que adolece”.
El contenido de la relación obligacional moderna se perfila como una entidad compleja y orgánica, donde confluyen entre sí variados elementos e intereses, transformándose en un verdadero mecanismo integrador de facultades, deberes y cargas. Bajo este paradigma, la deuda no puede concebirse exclusivamente como el deber del deudor de ejecutar la prestación prometida, ni el crédito solo como el derecho subjetivo a exigir la misma
El contrato es la figura central del Derecho Privado, y lo es en tanto instrumento útil para que los ciudadanos podamos alcanzar, a través de la cooperación, nuestros fines, siempre que se encuentren alineados a los valores que inspiran el ordenamiento jurídico Debido a esa importancia y vitalidad es que en las últimas décadas -producto a los rápidos avances del comercio nacional e internacional, sumado a la industrialización o producción a gran escala-, se han generado grandes cambios en la manera de entender la contratación entre particulares. Así podemos hablar ahora de la necesidad de diferenciar dos clases de contratos en atención al poder de mercado y profesionalidad de una de las partes: por un lado los contratos paritarios en los que ambas partes se encuentran en una igualdad de condiciones real, donde ninguno de los involucrados es un empresario o profesional, lo que permite potencialmente una negociación sobre todos los términos del acuerdo; y, los contratos de consumo, en los que debido al poder de mercado o la profesionalidad de una de las partes, la negociación no es posible, siendo que la parte que tenga interés en plegarse a la estructura negocial solo puede aceptarla o rechazarla.
Inteligencia Sur, es el nombre de la nueva consultora sobre Inteligencia Artificial fundada por Carlos Amunategui y Nathalie Walker, ambos reconocidos académicos e investigadores nacionales. La tecnología ha llegado para quedarse, su acelerada dinámica se ha convertido en un desafío en toda serie de asuntos, y el derecho no ha sido la excepción, aunque los operadores nos movamos a una velocidad más pausada, pues la tecnología no da pausas, no espera cambios legislativos ni estudios de larga data, simplemente te deja atrás. Lo anterior, parece no ser aplicable a la Consultora Inteligencia Sur, quienes han advertido en la Inteligencia Artificial un nuevo nicho de desarrollo de la disciplina jurídica, no solo desde lo académico, sino desde el ejercicio mismo, esa es la idea detrás de la Consultora Inteligencia Sur. En esta nota pudimos conversar con su Socio y Socia fundadora, Carlos Amunategui y Nathalie Walker, quienes se refieren desde el origen de esta idea, el estado actual de la Inteligencia Artificial en Chile, hasta sus proyecciones con Inteligencia Sur.
En reiteradas oportunidades[2] nuestros tribunales han optado por rechazar la inclusión de aquellos créditos que provienen de deudas de educación superior (como el CAE). La razón principal por la cual han adoptado dicha postura, radica principalmente en los incidentes de exclusión de deuda que son deducidos por las instituciones de educación superior y, que los tribunales, sin mayor problema, acogen. Evidentemente, el solicitante de liquidación concursal emplea los medios que le franquea la ley para impugnar dichas resoluciones obteniendo, en la mayoría de los casos, resoluciones igualmente desfavorables.