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Chile está viviendo desde hace unos cuantos meses un proceso de reforma constitucional que ha sido, hasta el momento, ejemplar, principalmente por la inclusividad y la representación de los diversos grupos de la sociedad. Sin duda, este proceso, y el posterior texto constitucional que allí se está gestando, nos llena de esperanzas a la región e incluso al mundo entero.
La atmósfera constituyente -que ha dominado Chile desde hace una década- ha mantenido dos focos principales de crítica al ordenamiento vigente: el régimen político y los derechos fundamentales. Y en ambos temas, se ha producido una especie de contraste entre fines y medios, entre la claridad sobre su reemplazo y la confusión sobre su diseño. En efecto, refiriéndonos a los derechos -que es el tema de este artículo- se advierte un predominio del interés por aumentar su catálogo, en desmedro de una preocupación sobre su ubicación en el texto y su efectiva tutela jurisdiccional.
A estas alturas, no es ninguna sorpresa que ante la pregunta sobre qué puede hacer un acreedor frente a un incumplimiento contractualla respuesta sea que existen ciertos medios de tutela que procurarán ampararlo. La razón de esto es que desde hace un tiempo nuestra doctrina ha venido elaborando un sistema de remedios que buscan, en mayor o menor medida, satisfacer su interés lesionado entre los que destacan el cumplimiento específico, la indemnización de perjuicios y la resolución por inejecución
s puede parecer lejano a lo que se entiende por un texto de doctrina u opinión jurídica. Sin embargo, el derecho debería ser —o, al menos, usarse— herramienta de transformación social, elemento de protección de los más desprotegidos. En definitiva, debería poder articularse como mecanismo de vertebración de sociedades distintas, plurales, de forma que el individualismo, tan presente en lo económico, y con hegemonía a lo largo y ancho de nuestro territorio, no opaque toda posibilidad de solidaridad y fraternidad entre pueblos.
En relación con la venta de acciones, derechos o porcentajes de derechos de predios rústicos y el surgimiento de los llamados loteos irregulares o, en otras palabras, de loteos efectuados al margen de la normativa dispuesta para llevar cabo subdivisiones de la propiedad raíz, resulta interesante revisar algunos de los argumentos dados en torno a aceptar o rechazar tales enajenaciones y que dicen relación con el momento en que puede (o debe) efectuarse el control.
derecho, por un lado, se ha hablado de que este nuevo tipo de expresión en la terminología normativa constituye una aberración para el lenguaje. Centrando las criticas y ataques en lo que popularmente se ha conocido como lenguaje “inclusive”, el cual en términos concretos consiste en el reemplazo de términos masculinos y mixtos determinados por su sufijo “o” y femeninos terminados en el carácter “a” por el nuevo sufijo neutro de la letra “e” o “x”
Como es de público conocimiento, la ley 21.226 vino en establecer un régimen jurídico de excepción para los procesos, audiencias y actuaciones judiciales, e igualmente para los plazos y el ejercicio de las acciones que en ella se indican, todo en razón del impacto de la enfermedad covid-19 en nuestro país.