Sobre la admisibilidad de la demanda, reflexiones y un fallo

Por Cristóbal Bardales Rioseco.

Abogado, Premio Universidad (UCSC) 2017, y Director Iusta Causa.

Una de las primeras cosas que se enseñan en el desarrollo de la cátedra “Derecho Procesal” en las casas de estudio de nuestro país, dice relación con la demanda y sus requisitos, por consiguiente, se analizan los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) y como no, si la demanda, en palabras de COUTURE, es el acto introductorio de la instancia.

En dicho articulado, básico y esencial en el ejercicio de la profesión, nos encontramos con la norma prevista en el artículo Art. 256, el cual precisa que “Puede el juez de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los tres primeros números del artículo 254, expresando el defecto de que adolece”.

Relacionando los párrafos ya señalados, se enseña en la rama ya indicada, que quien litigue debe tener especial cuidado en expresar correctamente en la demanda;La designación del tribunal ante quien se entabla; El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación; El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. Pues el no hacerlo de dicha forma, podría acarrear que el tribunal de oficio tenga por no presentada la demanda, al no darle curso.

¿Qué podría tener de interés algo tan básico, como lo dicho? Pues bien, esta pandemia nos ha traído diversas consecuencias jurídicas, y una de ellas es la ley 21.226, la cual vino en dar un punto a quienes señalaban que la interrupción de la prescripción se verificaba con la presentación válida de la demanda, pues como ya es de público conocimiento, en su artículo 8 prescribe que se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada…”. Entonces, lo de interés, radica en que este artículo señala expresamente que para tener por interrumpida la prescripción, será indispensable que el tribunal hubiera declarado admisible el líbelo entablado, y dicha calificación no será procedente, de conformidad al artículo 256 del CPC, cuando la demanda no contenga las indicaciones ordenadas en los primeros tres números del artículo 254, del mismo código.

Entonces, hoy por hoy, la declaración de admisibilidad de la demanda, tiene la fuerza de tener por interrumpida la prescripción.

Continuando con lo expuesto, debemos recordar los artículos del CPC en comento no fueron modificados por la conocida ley de tramitación electrónica, número 20.886. Dicha ley, sí modificó la forma en que se presentan las demandas, así en su artículo 5º establece que El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que se regulen en el auto acordado que la Corte Suprema dictará al efecto.” ¿Qué conexión hay entre estas temáticas?, pues bien, la conexión radica en que en la presentación de la demanda, mediante su ingreso en la oficina judicial virtual, se deberán completar una serie de datos tales como materia sobre la que radica la pretensión y el código con que el sistema virtual del poder judicial, tiene asociada dicha materia.

Pues bien, teniendo presente todo lo  expuesto, corresponde revisar los hechos que motivaron la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, recaída en autos Nº 1581-2019.

Con fecha 22 de mayo del año 2019, en causa rol C-3613-2019 del 1º juzgado de letras en lo civil de Concepción, en plena vigencia de la ley 20.886, se entabló una demanda, que de conformidad al relato de los hechos y del Derecho invocado, claramente correspondía a un juicio de hacienda de mayor cuantía, sin embargo, el demandante al presentar mediante la oficina judicial virtual su líbelo, en materia, indicó “Indemnización de Perjuicios”. Luego, con fecha 29 de mayo del mismo año, el tribunal al proveer el escrito en comento, decidió no dar curso a la demanda por los errores en el ingreso de dicho escrito, esto es, por no corresponder la materia y el código señalado por el demandante.

Naturalmente, la parte demandante repuso y apeló en subsidio contra aquella interlocutoria. La reposición fue rechazada por el tribunal y se concedió el recurso de apelación, el cual tuvo por rol de ingreso el número 1581-2019.

La I. Corte de apelaciones de Concepción, en un importante fallo para quienes litigan y por sobre todo, para la parte apelante (pues, si bien no corresponde al objeto de este comentario, se debe indicar que acorde el relato de los hechos de la demanda, la conducta que, a juicio de la demandante, constituye la falta de servicio imputada, fue realizada con fecha 23 de mayo del año 2015 y como ya habrán advertido, la demanda se entabló el día 22 de mayo del año 2019, es decir, faltando sólo un día para el transcurso de los 4 años previstos en el artículo 2332 del código civil) revocó la resolución de fecha 29 de mayo del 2019, en el sentido de disponer que el tribunal requerirá las correcciones que sean necesarias  realizar en el sistema computacional de ingreso y distribución de causas, a fin que la presente demanda sea ingresada y distribuida como corresponde a una demanda en juicio ordinario de hacienda”. La fundamentación de esta decisión, radica precisamente en el texto expreso del artículo 256 CPC que señala taxativamente las causales de la declaración de inadmisibilidad de oficio parte del tribunal, junto con el artículo 3 de la ley 20.886 que establece el uso, respaldo y conversación obligatorio del sistema informático, para los funcionarios del poder judicial que indica, haciendo especial énfasis en que, los jueces, auxiliares de la administración de justicia y funcionarios de cada tribunal estarán obligados a utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio. Y que para dicho registro se deberán aplicar adecuadamente las nomenclaturas pertinentes, según la etapa y estado procesal de cada causa, de modo tal que constituya un registro exacto de su tramitación, desde el inicio hasta su término, con lo cual queda claro, que el error de la parte demandante en señalar la materia y código, es un error cuya solución compete exclusivamente al tribunal ante quien se entabló la demanda.

La ley 21.226 en su artículo 8º vino a dar aún mayor importancia a la declaración de admisibilidad de la demanda y he allí la razón de este breve comentario.

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