LIBERTAD SINDICAL Y CONSTITUCIÓN: ¿UNA NUEVA ESPERANZA?

EDUARDO CAAMAÑO ROJO.

Abogado, Doctor en Derecho, profesor titular, Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

1. La oportunidad para repensar las bases del actual pacto social y político, reflejado en un texto constitucional verdaderamente democrático, ha dejado de ser una ilusión y se ha convertido en una realidad. Este hecho es de verdad trascendente, puesto que más allá de las reformas parciales – en la medida de lo posible – que ha experimentado hasta la fecha la Constitución Política de la República, persiste en la ciudadanía la percepción de que el texto vigente sigue manteniendo vivo y latente el ideario político, social y económico de la dictadura y, por lo tanto, la carga de deslegitimidad que arrastra la Constitución se ha convertido en un símbolo potente que dificulta avanzar en entendimientos democráticos que faciliten y promuevan una convivencia pacífica, justa y solidaria.

Por este motivo, ante el inicio del proceso de discusión y de redacción de las nuevas normas de la Carta Fundamental, cobra relevancia el aporte de visiones y argumentos que puedan contribuir a fortalecer el contenido de los futuros artículos que la conformarán, en especial, respecto de materias sensibles y de enorme trascendencia como es el caso de los derechos fundamentales, en general, y los de carácter social, en particular.

Por cierto, en un Estado que aspira a ser social y democrático, como lo ha dado a entender el amplio apoyo ciudadano que tuvo la opción del “apruebo” para posibilitar la elaboración de una nueva Constitución, se requiere repensar el sentido de unidad, pertenencia y solidaridad entre todos quienes formamos parte de esta sociedad y, desde esa perspectiva, es indudable que el trabajo ocupa un lugar central. Así entonces, es de esperar que se pueda repensar y replantear la forma en que el texto constitucional reconoce y promueve las garantías asociadas al trabajo, con miras a superar la perspectiva de desconfianza y de restricciones que trasunta la actual Constitución.

Atendida la relevancia y centralidad que adquiere el trabajo en la vida de las personas, este breve texto pretende centrarse particularmente en la dimensión colectiva de las relaciones laborales y formular algunas propuestas generales que puedan contribuir al debate y a la reformulación del reconocimiento de la libertad sindical, en especial, por ser esta dimensión colectiva la que se encuentra más constreñida en la actualidad, entorpeciéndose así la posibilidad de construir relaciones laborales más participativas, solidarias y que contribuyan al bienestar progresivo de trabajadores y trabajadoras, ya sea del sector privado o del sector público.

2. Como lo ha puesto de manifiesto la doctrina,[1] la libertad sindical tiene una doble dimensión por medio de la cual se proyecta para poder posibilitar y concretar la protección de los trabajadores subordinados en el ámbito de las relaciones laborales colectivas. Por una parte, una dimensión orgánica relacionada con el derecho de sindicación[2] y, por otra, la más relevante, la dimensión funcional asociada a la negociación colectiva y al derecho a huelga. Ahora bien, la Constitución vigente, mantiene en su texto una visión limitativa de la libertad sindical que se traduce en un reconocimiento relativamente amplio del derecho de sindicación en el numeral 19 del artículo 19, mientras que consagra en términos acotados el derecho a la negociación colectiva en el numeral 16 del mismo artículo, mezclado con otras garantías laborales, tales como la libertad de trabajo y el derecho a la no discriminación, sin perjuicio de obviar un reconocimiento explícito al derecho a huelga.

Esta opción de consagración constitucional sesgada de la libertad sindical no es antojadiza, sino que es reflejo de una visión política reaccionaria hacia el sindicalismo y al rol que este tuvo en los procesos de transformación político y social de mediados del siglo XX en adelante, como a su vez, da cuenta de una identificación económica clara con los postulados de una economía de libre mercado que desconfía y reniega de la acción sindical. De esta manera, aunque sin la dureza evidente y el detalle extremo de las restricciones impuestas al ejercicio de la libertad sindical en la legislación laboral, la Constitución Política de la República vigente busca salvaguardar un orden y las bases de un modelo en los que los principios informadores del Derecho del Trabajo colectivo brillan intencionalmente por su ausencia.

En efecto, en este orden impuesto por la dictadura, las ideas de justicia social, solidaridad o redistribución que marcaron la impronta de las normativas laborales desde mediados del siglo pasado son repudiadas por innecesarias o por contaminar las bases puras que debieran regir al mercado, en este caso del trabajo, en un nuevo modelo económico que posibilitaría, a partir de amplias libertades para la actividad empresarial y restricciones para la actividad sindical, el crecimiento sostenido, el desarrollo del país y de paso, el bienestar para los trabajadores individualmente considerados. Por este motivo, en el nuevo modelo económico propiciado por la dictadura con el apoyo técnico de los “Chicago boys”, la organización y actuación colectiva de los trabajadores debería ser mínima, acotada a lo que es propio de un modelo de este tipo[3] y, jamás, amenazar, restringir o limitar el único interés que realza el nuevo orden, a saber, el interés del empresario-empleador, asociado al ejercicio de derechos fundamentales con una consagración constitucional cuasi mística, como es el caso del derecho de propiedad y la libertad de empresa. Vistas así las cosas, no había espacio para postulados contaminantes asociados a la valorización y fortalecimiento de la negociación colectiva, ni menos de la huelga.

Por lo expuesto, entonces, ante la oportunidad histórica única que nos ofrece la posibilidad de tener una nueva Constitución para avanzar en un proceso de “sanación” como sociedad, que pueda devolver el reconocimiento y el rol que le corresponde a los derechos fundamentales de contenido social en un estado democrático de Derecho, parece imprescindible efectuar un breve repaso de los postulados impuestos por el Plan Laboral y que siguen anclados en nuestra legislación laboral, a pesar de múltiples reformas legales desde el retorno a la democracia que nunca aspiraron a dejarlos sin efecto.

En la medida que seamos capaces de reconocer y comprender esos postulados cargados de ideología, desprecio y desconfianza hacia el actor sindical que conlleva el Plan Laboral, podremos darnos cuenta de que gran parte de las actuales respuestas normativas al ejercicio de la negociación colectiva y de la huelga no tienen nada que ver con una concepción amplia y respetuosa de la libertad sindical como derecho fundamental. Asimismo, podremos avanzar en la determinación de las nuevas bases a partir de las cuales debiera consagrarse este derecho fundamental, que permitan fomentar sus ventajas en un nuevo orden social más justo, en tanto podrían contribuir a generar una mejor redistribución de los ingresos, disminuyendo la actual desigualdad, como a su vez, a fortalecer la idea de “democracia” al interior de las empresas, reequilibrando las relaciones colectivas entre empresarios y sindicatos, conciliando productividad con protección.[4]

Las ideas rectoras del Plan Laboral, plasmadas primeramente en la legislación laboral de 1979, se encuentran también subyacentes en la actual Constitución Política. Es así, como el derecho a la negociación colectiva está desligado del derecho de sindicación y se consagra como una de las garantías vinculadas con la libertad de trabajo, con lo cual se le da más bien el valor de un derecho de contenido individual, propio del trabajador y separado de la actuación del sindicato. Además, en la misma norma es posible advertir explícitamente la conexión de la negociación colectiva con un nivel específico, el de la empresa y, si bien no se excluyen otros niveles como el sectorial, la norma del artículo 19 Nº 16 inciso 5 de la Constitución se remite a la ley, en la que no se desarrolla ni fomenta la libertad de las partes para determinar el nivel de negociación.[5] Igualmente, en lo que se refiere a las proyecciones constitucionales de las ideas fundantes del Plan Laboral cabe advertir la omisión del reconocimiento de la huelga como un derecho fundamental, con lo cual nominalmente se valida la opción restrictiva asumida por la legislación laboral.[6]

En consecuencia, resulta imprescindible para el fortalecimiento futuro de la libertad sindical y para darle fuerza a las necesarias reformas que exige el actual modelo normativo de relaciones colectivas contenido en el Código del Trabajo, poder contar con una norma constitucional clara, potente y señera sobre este derecho fundamental, que integre sus dimensiones orgánica y funcional, en armonía con las normas supranacionales ratificadas por Chile que reconocen este derecho ampliamente.[7]

3. Ahora bien, llegado el momento de pensar en las bases o ideas medulares que debieran estar presentes en un futuro texto constitucional en relación con la libertad sindical, cabe destacar los siguientes aspectos:

a) El reconocimiento de la libertad sindical como derecho humano debe estar consagrado en una única disposición, la que debiera incluir en términos amplios y promocionales tanto el derecho de sindicación, como las manifestaciones funcionales de la libertad sindical, sin las cuales esta se transforma en un espejismo y no en un derecho humano, esto es, el derecho a la negociación colectiva y, de manera especial, el derecho a huelga.

b) El derecho de sindicación se debe reconocer en términos amplios a todos los trabajadores, sean estos del sector público o del sector privado.

c) El derecho de sindicación debiera posibilitar la constitución de organizaciones representativas de los intereses de los trabajadores en cualquier nivel, toda vez que la determinación de los niveles de organización y unidad de los sindicatos es expresión propia de su autonomía. Por lo tanto, la Constitución debiera asegurar que la ley no ponga trabas en este sentido, ni limite las posibilidades de actuación de las organizaciones de grado superior, por ejemplo, respecto de la negociación colectiva o del ejercicio del derecho a huelga.

d) Se debería garantizar la voluntariedad de la afiliación en cualquier nivel de organización sindical. Esta voluntariedad implica por lo mismo el derecho de los trabajadores a no afiliarse a un sindicato, o bien, a poder desafiliarse libremente a ellos.

e) Se debería dar las garantías para que los sindicatos en cualquiera de sus grados puedan constituirse a través de procedimientos sencillos, expeditos y sin quedar condicionados o limitados a la intervención de ninguna autoridad. Lo mismo, debiera garantizarse respecto de su disolución.

f) Se debería consagrar clara y ampliamente la autonomía de los sindicatos tanto en el ámbito de su actuación interna (organización, reglamentación, elección de sus representantes, etc.) y definición de sus fines o funciones, como en su relación con el Estado, las empresas y la sociedad.

Por otra parte, en lo que respecta a la negociación colectiva, se consideran los siguientes supuestos básicos de consagración de este derecho fundamental:

  • Se debería reconocer que el derecho a negociar colectivamente por los trabajadores se ejerce a través de sindicatos, con lo cual se podría erradicar definitivamente a los grupos negociadores.
  • Se deberá reconocer en forma clara y amplia el derecho a negociar colectivamente en cualquier nivel (empresa, negociación por rama, sectorial, comunal, etc.) y sobre cualquier materia de interés de sindicatos y empresarios, asegurándose la libertad y autonomía en el desarrollo de las relaciones laborales colectivas, impidiendo que la ley establezca trabas o restricciones. El Estado debiera promover, a su vez, la negociación colectiva como la vía más idónea para regulación de las relaciones laborales.
  • Se debiera reconocer igualmente el derecho de los funcionarios públicos, a través de sus asociaciones para poder negociar colectivamente a cualquier nivel dentro de la estructura de la Administración del Estado.

Finalmente, en lo concerniente al derecho a huelga, es posible afirmar que en aras del reconocimiento pleno y promocional de la libertad sindical:

  • Se debiera hacer un reconocimiento explícito y amplio del derecho a huelga, incluso, más allá de la negociación colectiva.
  • Se debiera reconocer la posibilidad de límites del derecho a huelga respecto de servicios esenciales (los destinados a evitar perjuicios graves a la vida, salud o seguridad de la población), los que nunca podrían implicar una prohibición de este derecho fundamental.
  • Se debiera reconocer el derecho a huelga a los funcionarios públicos, con la única limitación de no afectar servicios esenciales.
  • Promover mecanismos de conciliación que favorezcan las opciones de entendimiento entre organizaciones sindicales y sus contrapartes empleadoras, tanto en el sector privado como en el sector público.

4. A modo de conclusión, cabe destacar que el texto de la nueva Constitución debiera entenderse, en lo que se refiere a los derechos asociados a la libertad sindical, como una norma orientadora, señera y promocional. No se trata de propiciar una norma hipertrofiada, sino que lo suficientemente clara para resaltar el contenido de los derechos en sus aspectos esenciales y que ello de pie, en el futuro, a los cambios legales que hagan posible concretar el mandato constitucional. Eso implicaría una reforma radical al Código del Trabajo, particularmente sus Libros III y IV, los que siguen siendo expresión viva del ideario del Plan Laboral, limitando el desarrollo de las relaciones laborales colectivas en el sector privado. Lo mismo debiera hacerse con las limitaciones normativas que desconocen el derecho a la negociación colectiva y a la huelga en el sector público

En todo caso, es evidente que la nueva Constitución no es la panacea para la solución de los múltiples problemas de desigualdad y de precarización que afectan a los trabajadores y trabajadoras del país, pero puede ser el necesario impulso que, unido al imprescindible desarrollo y necesidad de reorganización en clave de solidaridad y de unión del movimiento sindical (en el sector privado y en el público), hagan posible avanzar hacia la conformación de una sociedad más justa y solidaria.

El camino es largo y estamos dando recién los primeros pasos, pero la esperanza de lo que estamos viviendo nos debe permitir perseverar para seguir avanzando. ¡Es justo y necesario! 


[1] En detalle: CAAMAÑO ROJO, Eduardo; UGARTE CATALDO, José Luis (2009): Negociación colectiva y libertad sindical: un enfoque crítico, (Santiago, Editorial Legal Publishing), p. 13 s.

[2] Véase: CAAMAÑO ROJO, Eduardo (2020): Derecho de sindicación y nueva Constitución, en CAAMAÑO ROJO, Eduardo; VARAS MARCHANT, Karla (Coordinadores): Trabajo y nueva Constitución (Santiago, DER Ediciones), p. 91 s.

[3] Como lo plantea Karina Narbona: “La batería legislativa de este plan reduce la injerencia sindical a su expresión más mínima, en sintonía con los principios de desintermediación social e individualismo laboral que promueve el pensamiento económico liberal de Milton Friedman y Frederich Von Hayek.“ En este sentido: NARBONA, Karina (2015): Antecedentes del modelo de relaciones laborales chileno, (Santiago, Fundación Sol), p. 17.

[4] Ver: GAMONAL CONTRERAS, Sergio (2020): La negociación colectiva en la nueva Constitución, en CAAMAÑO ROJO, Eduardo; VARAS MARCHANT, Karla (Coordinadores), Trabajo y nueva Constitución, cit., p. 112-114.

[5] En detalle: ROJAS MIÑO, Irene (2017), “Los derechos de libertad sindical en la Constitución chilena”, en: Revista de Derecho Valdivia, (vol. XXX, Nº 1), p. 21-22.

[6] Se requiere, por tanto, de una consagración constitucional expresa del derecho a huelga que logre garantizar adecuadamente su titularidad universal tanto a trabajadores del sector privado, como del sector público; su finalidad amplia para el resguardo de todo tipo de intereses laborales y asewgurando que no puede ser objeto de prohibiciones o restricciones, salvo las limitaciones proporcionales que resulten necesarias para el eventual resguardo de la vida, salud y seguridad de la población. Ver: VARAS MARCHANT, Karla (2020): La huelga. Un derecho de primer orden en la Constitución, en CAAMAÑO ROJO, Eduardo; VARAS MARCHANT, Karla (Coordinadores): Trabajo y nueva Constitución, cit., p. 166 s.

[7] En especial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8), así como los Convenios Nº 87, Nº 98 y Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo.

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