Lenguaje “inclusive” o inclusivo en el derecho, ¿aberración lingüística o una calificación errónea?

Joaquin Ferrada Loaiza.

Abogado Universidad de Concepción. Candidato a Magister en Derecho Privado de la misma casa de estudio. Miembro colaborador de Iusta Causa.

Ya desde hace un tiempo ha estado en discusión la relevancia y pertinencia de la aplicación de lenguaje inclusivo en el derecho, por un lado, se ha hablado de que este nuevo tipo de expresión en la terminología normativa constituye una aberración para el lenguaje. Centrando las criticas y ataques en lo que popularmente se ha conocido como lenguaje “inclusive”, el cual en términos concretos consiste en el reemplazo de términos masculinos y mixtos determinados por su sufijo “o” y femeninos terminados en el carácter “a” por el nuevo sufijo neutro de la letra “e” o “x”. Así términos como niños, persona o ciudadano seria, según esta regla neutra pasarían a ser “niñes, “niñxs”, “persone”, personx” y “ciudadane” o “ciudadanx”. Lo que llevó a la propagación de este tipo de alteraciones en la lengua fue la existencia de atribuciones de sufijos en razón al género en determinadas palabras, con el fin de deconstruir un lenguaje basado en el binarismo y así ser aplicable las palabras a todo tipo de personas, sin consideración de su género. Todo lo anterior debido a la búsqueda por visibilizar de personas autodeterminadas como trans, no binarias[1], de genero fluido[2] y en definitiva aquellas y aquellos pertenecientes a alguna disidencia sexual o de género. Además de buscar la desarticulación de un lenguaje basado en tanto en la heteronorma como la supremacía masculina, este último concepto refiere al uso del lenguaje mixto en torno al lenguaje masculino, sin opciones neutras o de primacía femenina.

Luego de esta introducción y como se adelantó, el lenguaje “inclusive” ha entrado en boca de todos y el mundo jurídico no ha estado ajeno a lo anterior, la mayor preocupación que se ha visto, es en relación con la modificación de la lengua que implica la utilización de estos nuevos términos. Se alega por su parte que más que cumplir una función comprensiva del lenguaje, este nuevo modelo de habla y escritura tiende a la confusión, provocando una forma de comunicación extraña, aberrante y que complejiza de forma injustificada el lenguaje. Así se explica de que las normas actuales no pretenden realizar una aplicación hetenormada ni patriarcal de las palabras y que el uso de sufijos como la “o” para referirse a personas de genero masculino y femenino no genera confusiones es precisa en su uso, sin hacer prevalencia de uno u otro género. Además, se ha aludido a que la ley si utiliza términos femeninos para referirse a conceptos mixtos, ejemplo de esto es el uso del concepto familia que implica tanto a bi personales (derivadas de una homo o hetero unión) o pluripersonales cuando se involucra a hijos o familia extensa, otro ejemplo es el uso de la palabra personas a través de toda la legislación chilena, la cual es técnica y comúnmente usada para describir a todo tipo de seres humanos, sin distinción de su género, edad, sexo o condición, tal como lo define el artículo 55 del código civil. Esto ha hecho que, en los textos doctrinales actuales, columnas de opinión y otros puntos de discusión jurídica, se alegue que el derecho si es inclusivo en el lenguaje, que busca la igualdad en las personas en su uso y sus escritos son realizados de tal manera que la lingüística puede apreciar perfectamente la distinción de géneros sin atribución de primacía y la comprensión de todas las personas cuando corresponda.

Sin perjuicio de lo expresado en los párrafos anteriores y como el título de este artículo sugiere, el lenguaje inclusivo no es, o no es únicamente, referente a la inclusión de todos los géneros en la ley y en el uso jurídico cotidiano. Este termino viene mas al uso correcto de las palabras sin tender a la discriminación o tonos y sesgos prejuiciosos y estereotipados, así su uso es sobre el lenguaje correcto, al referirse a personas en situación de discapacidad o personas con capacidades diferentes, también al referirse a personas pertenecientes a las múltiples nacionalidades, pueblos originarios o razas existentes constituyen lenguaje inclusivo tanto en lo cotidiano como en el derecho.

La importancia del uso del lenguaje inclusivo en el mundo jurídico tanto chileno como extranjero se explica, toda vez que este permite la apertura a políticas públicas adecuadas para con todas las personas, así como el uso adecuado de palabras tanto en las resoluciones y escritos judiciales, como en las labores comunes entre los abogados. Un ejemplo de esto es que no desde hace mucho se dejó de utilizar únicamente el termino juez y magistrado y se empezó a hacer distinción entre jueces y juezas o magistrada y magistrado. Así también se ha utilizado desde antaño el termino abogado o abogados para referirse a los que desempeñamos esta profesión, en la actualidad y como consecuencia del impulso del lenguaje inclusivo se hace actualmente la distinción entre abogadas y abogados, tanto desde el inicio de la profesión como es el titulo otorgado por la Excelentísima Corte Suprema, como en el uso diario.

Dentro de los esfuerzos por un uso inclusivo del lenguaje la Secretaria Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación dicto un “Manual para el uso del lenguaje inclusivo no sexista en el Poder Judicial de Chile” el cual dentro de sus objetivos es contribuir a visibilizar los estereotipos y evitar el sexismo en el lenguaje, además, “porque el lenguaje inclusivo esta activamente siendo promovido y ocupado en instituciones públicas, en medios de comunicación y en comunicaciones formales e informales de las personas en Chile e Iberoamérica y se requiere que la institución entregue lineamientos a sus integrantes”. Tal texto nos parece un acierto, toda vez que da recomendaciones para el uso cotidiano jurídico y judicial de términos que son erróneos y otros que son correctos para referirnos a las distintas categorías sospechosas, las cuales se pueden definir como “aquellas características o rasgos personales que, como regla general, no deben utilizarse para establecer diferencias entre individuos, tales como la raza, el sexo y la religión”.[3]

Si bien este texto se ha centrado en el uso del lenguaje inclusivo en torno al género, esta prístino que el uso de este lenguaje abarca un gran número casos, dentro de estos podemos encontrar los pueblos indígenas y personas migrantes, las cuales son frecuentemente atacadas por su origen y discriminadas en diversos aspectos tanto sociales como económicos y también en el lenguaje con el que la sociedad se refiere a estos. Así, un uso común en el lenguaje es el uso de la palabra pascuense, el cual desde la perspectiva del pueblo Rapa Nui no corresponde por ser un termino impuesto, este ejemplo nos da luces de que el lenguaje inclusivo jamás debe aplicarse de manera impuesta, ni para las personas pertenecientes a pueblos originarios, ni a personas migrantes. El uso común de imperativos calificativos que únicamente estigmatizan o discriminan deben ser evitados, tanto por el legislador como por los jueces y abogados (extra es mencionar en el uso cotidiano del lenguaje) así, atribuir ciertas características físicas o psicológicas que subvaloren a una persona por su origen, se aleja del principio de igualdad ante ley y entre las personas, toda vez que no es un uso del principio de neutralidad y debe ser eliminado en el diario vivir, buscando un uso adecuado de las palabras y como se ha dicho, un lenguaje inclusivo que sea integrador y respetuoso de las personas.   

Una situación especial, que ha dado a una práctica usual aun hoy en día en el ejercicio de la abogacía, principalmente a los dedicados al área del Derecho de Familia e igualmente hasta hace algunos años se daba dentro del entorno judicial y legislativo[4], es el de la expresión “menores” para referirse a toda persona no han alcanzado los 18 años. Su uso se ha buscado eliminar ya que no constituiría el calificativo adecuado para referirnos a quienes no han alcanzado la mayoría de edad. El correcto uso de la lengua y de forma inclusiva es el de referirnos a estos sujetos de derecho como niñas, niños o adolescentes, el porqué de esto responde a que calificarlos de “menores” implica aludir que siempre hay alguien mayor, dando una relación de sumisión y poder frente a ellos, minimizando a estos sujetos hacia la condición inferioridad e incapacidad. Lo enunciado a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, los reconoce como sujetos plenos de derecho y que se le debe una protección especial para el respeto y resguardo de su desarrollo y derechos, por lo que la misma se refiere a ellos como niños,niñas y adolescentes y de igual manera recomienda a los estados partes su uso en tales términos.

Otra importancia de este tipo de lenguaje es que promueve y facilita la visibilización e integración de personas con capacidades diferentes y en situación de discapacidad, además de darles una catalogación jurídica diferente, permite la no discriminación en torno a los prejuicios existentes contra estas personas, por ser tratadas y catalogadas como gente con una condición de menoscabo. Claro ejemplo de lo anterior es la calificación de absolutamente incapaz del sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente del artículo 1447 de nuestro Código Civil. Un caso frecuente en la práctica, es en los usos notariales que, si bien no todos, su gran mayoría no cuentan con intérpretes de señas y tampoco permiten el uso de intérpretes particulares para hacerse sabedores de los dichos de la persona sorda o sordomuda que concurre a su despacho para requerir sus servicios, así en la práctica esto constituye privar de capacidad jurídica a una persona que se encuentra en sus plenas facultades pero que por prejuicios, costumbres o creencias populares la normativa no se a encargado de establecer medidas de accesibilidad adecuadas para el ejercicio de sus derechos.

De todo lo anterior, suma que no hay que olvidar que la lingüística no es estática, esta varía según la época y las modificaciones y evoluciones que la sociedad vaya teniendo, así mismo existe dentro de esta ciencia la lingüística diacrónica, que es aquella encargada del estudio de estas transformaciones, reconociendo que esta muta con el pasar del tiempo. Debido a esto no parece correcto, ni adecuado cerrarse a un cierto tipo de lenguaje estático, por más cómodo y preciso que parezca, ya que, sería negar la propia naturaleza humana de evolución y cambio social. Solo recordemos que en antiguos textos se prefería el uso de la palabra setiembre en vez de septiembre y que en los articulados y notas de don Andrés Bello, cuya genialidad gramatical y lingüística es indiscutida, este hacia uso recurrente y normalizado de la conjunción “i” en vez del actualmente correcto “y”, conjunción que hoy en día podría considerarse una aberración lingüística de proporciones inmensurables.

Así, el lenguaje inclusivo no debe cerrarse únicamente a la incorporación de sufijos que tienen a la integración de diversos intervinientes sociales, a pesar de la incomodidad que pueda ocasionar su uso, este tipo de comunicación debe concebirse como un integrador de personas, como una guía de términos aceptados y otros prohibidos por el perjuicio y menoscabó que ocasionan al receptor involucrado y afectado por esta calificación.

Finalmente, y como reflexión es que el lenguaje construye realidades, la forma en que nos referimos a un determinado fenómeno es la manifestación de como lo concebimos. El uso de la lengua de manera correcta y apropiada no daña, incluye a todas y todos los intervinientes de una sociedad y un uso sesgado y estereotipado, ya sea por cultura, enseñanza, credo o cualquier otra causa, constituye invisibilizar y negar el incontable número de diferencias que existe en las personas, diferencias que deben ser reconocidas y respetadas tanto en el mundo jurídico como extrajurídico.


[1] Personas con identidad de género fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina.

[2] Aquellas personas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación.

[3] Diaz de Valdes, José Manuel “Las categorías sospechosas en el derecho chileno”, Revista Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, numero 50, 2018.

[4] La ley 16.618 denominada “Ley de menores”, la figura del defensor de menores, el Código Civil al referirse al menor adulto y la institución del Servicio Nacional de Menores son algunos ejemplos de esto.

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