Las reorganizaciones de Alto Maipo y Latam: breve comentario al procedimiento del Capítulo 11.

RAIMUNDO FUENZALIDA CARRASCO.

Abogado de la Universidad Católica del Norte, Magister en Derecho, LL.M, mención Derecho de la Empresa, de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Durante los últimos meses hemos tenido noticias económicas de que varias empresas chilenas han presentado solicitudes de reorganización ante tribunales estadounidenses[1] para enfrentar negociaciones con sus acreedores y sus accionistas.

Sólo por mencionar uno (el más avanzado y de mayor repercusión) el caso de LATAM, con fecha 26 de noviembre, vencía su plazo de exclusividad para presentar el plan de reorganización que ha sido el producto de las largas negociaciones sostenidas con sus accionistas y con sus acreedores.

Lo que la aerolínea busca es la recapitalización, que involucra la venta de papeles para cumplir con las obligaciones ante sus acreedores no garantizados, a través de la emisión de nuevas acciones y bonos que alcanzarían un aporte cercano a los USD $5.000.000.- (respecto a este punto, valga recordar que se debe compatibilizar con el derecho preferente de suscripción que de las nuevas acciones de que gozan los accionistas de la empresa).

La misma lógica aplica para Alto Maipo, la que busca a través de este medio «crear una estructura de capital sostenible en el largo plazo, maximizando la recuperación para todos sus acreedores«.

La pregunta que nos asalta aquí es ¿por qué comenzar un procedimiento de renegociación concursal en EE. UU.? De una manera breve, se mencionarán las razones que vislumbro para optar por el Capítulo 11.

En primer lugar, se trata de una jurisdicción especializada: todos los casos del capítulo 11 son ventilados ante la Corte de Quiebra del distrito, que ha recibido una competencia “delegada” desde las cortes de distrito federal (los mismos tribunales conocerán de las incidencias que de los procesos concursales puedan derivar e incluso de vías civiles). Estos tribunales son autónomos y, al igual que en Chile, gozan de independencia respecto de otros poderes del Estado.

Un elemento llamativo en este punto es que los jueces duran en su cargo un período de 14 años, lo que produce de inmediato dos consecuencias: a) los jueces logran una profundidad notable en las materias concursales, y; b) dado lo anterior, permite obtener resoluciones de mejor calidad y en un menor tiempo. Sabemos que en nuestro país esto no ocurre, ya que el procedimiento de reorganización (el equivalente al capítulo 11 estadounidense) se ventila ante un juzgado con competencia civil, donde sus jueces no tienen una dedicación exclusiva en materias concursales. Lo más cercano en cuanto a especialización sería el procedimiento de renegociación de la persona natural deudora, que se tramita de manera administrativa ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, institución que goza de un alto grado de especialización.

Volviendo al análisis, lo anterior, no significa que la corte se haga cargo de cuestiones administrativas, las que dependerán del United States Trustee Program.

Sin embargo, es la corte la que toma las decisiones más importantes en materias concursales: puede determinar el tiempo y la forma en la que el síndico puede aceptar o no un contrato, puede decidir la procedencia o improcedencia de la acumulación de autos, determina si un proceso satisface o no los intereses del deudor y sus acreedores, entre muchas otras. Por cierto, estas decisiones van de la mano con la profundidad del conocimiento y la experiencia en materias concursales.

Lo anterior, se suma a los breves plazos en que se tramitan estos procesos. El legislador estadounidense ha comprendido la importancia del tiempo en los procedimientos de reorganización, con miras a su éxito.

Existe, además, un alto grado de transparencia, ya que la tramitación concursal estadounidense es, en principio, pública, salvo aquellos casos que involucren cuestiones de carácter confidencial, relacionado a materias de competencia mercantil en el desarrollo de estrategias, etc. Las audiencias son también públicas.

Por último, existe una institución administrativa denominada United States Trustee Program, que ayuda a los tribunales en aspectos administrativos, supervigila a los síndicos, realiza auditorías a los mismos, ofrece permanentes capacitaciones, etc. En este punto vemos muchas similitudes con nuestra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

A modo de conclusión, es indudable la influencia que ha tenido la normativa estadounidense en nuestra legislación concursal chilena, Ley Nº 20.720. Sin embargo, la inspiración no parece ser suficiente al momento de acudir a procedimientos de reorganización, especialmente, en aquellas empresas con un alto patrimonio y elevadas deudas, que realizan sus operaciones comerciales en varios países. De lo analizado en esta breve columna, podemos observar que el sistema estadounidense continua a la vanguardia en materias concursales, probablemente por sus destacados aspectos de jurisdicción especializada y de celeridad en sus procesos, muy necesarios en cuestiones de reorganización.


[1] Además de las mencionadas en el título de esta columna encontramos a Enjoy y Gildemeister.

Suscribete a nuestro Newsletter

Copyright © 2021 Todos los derechos reservados.