LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN.

CRISTIAN SCHMITZ VACCARO.

Abogado. Magister en Administración de Empresas (MBA): Profesor de Derecho Económico y Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. schmitz@ucsc.cl

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN[1]

Introducción y algunas ideas previas

La vida y los desafíos futuros de la humanidad no tienden a hacerse más simples, sino que muy por el contrario son crecientemente complejos, cambiantes, inciertos y trascienden las fronteras de las naciones.

Por dicha razón, el trabajo de la Convención Constituyente encierra enormes desafíos y responsabilidades en orden a proyectar el país y el mundo hacia  plazo. Indudablemente esa tarea requiere cuidar equilibrios de intereses y balance de criterios. En resumen, podríamos desear que la Convención realice así, una tarea más técnica, que política; de más pragmatismo, que de ideología; en que prime la razón, por sobre las emociones; guiada por más realismo, que ilusión; todo con una mirada unificada y de bien común para el Chile del futuro.

Por otro lado, está claro que la proyección del futuro debe basarse en el presente y en la historia. Ello implica llegar a considerar las ideas del momento fundadas en experiencias pasadas. A continuación, expondremos algunas de estas ideas que son relevantes en relación al rol de la propiedad intelectual para el país.

1.-       El cambio del modelo económico chileno es una idea antigua: Hace ya 20 años se viene discutiendo la necesidad del cambio y la no sostenibilidad de la explotación indiscriminada de recursos naturales no renovables e incluso el agotamiento y la sobreexplotación de los recursos renovables.

En 2006, el entonces Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad advertía con mucha claridad:

“ … Chile se encuentra hoy en una encrucijada. En el corto plazo podrá seguir gozando de las rentas que producen los commodities ligados a los recursos naturales, pero luego, cuando tarde o temprano éstas declinen, se desacelerará en forma significativa nuestro crecimiento económico y nuestra capacidad para generar empleo y aumentar el bienestar social. 

Este cuadro nos muestra, con absoluta claridad, que si Chile no avanza, pronto y rápido, en innovación y transferencia tecnológica, nos vamos a ir rezagando, a tal punto, que nuestras ventajas competitivas estáticas de hoy pueden verse seriamente amenazadas y desplazadas, … . Estamos, pues, frente a un desafío y una tarea que revisten el máximo de urgencia.”[1]

2.-       Necesidad de un desarrollo humano y de país integral, inclusivo, sostenible y equilibrado.  Por demasiado tiempo se enfatizó en las últimas décadas, el factor económico en todo orden de cosas, preconizándose el crecimiento económico nacional como fin principal y último. Una primera corrección se efectuó al sustituir las palabras “crecimiento económico” por “desarrollo económico”, y ya en los últimos años se ha empezado a hablar del “desarrollo sostenible”, con lo cual se agrega la dimensión social y medioambiental.

Sin embargo, creemos que ni siquiera es suficiente el término “desarrollo sostenible”. Mucho más deberíamos promover un desarrollo humano y de país de forma integral, inclusivo, sostenible y equilibrado.

3.-       Avanzar hacia un modelo basado en Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CTIE).  Con el objeto de generar un desarrollo humano y de país de forma integral, inclusivo y equilibrado, se requiere avanzar hacia una sociedad del conocimiento.  Los factores que componen dicha sociedad del conocimiento son Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CTIE). 

En palabras del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo: “El conocimiento se adquiere y se introduce a la sociedad por medio de cuatro pilares:

  • Ciencia que crea conocimiento
  • Tecnología que aplica ese conocimiento
  • Innovación que genera valor a partir de los dos anteriores, y
  • Emprendimiento que implementa todo ello productivamente.

La visión que sostenga la futura estrategia [nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación] requiere desplegar esos cuatro pilares con fuerza, para que la incorporación de Chile a la sociedad del conocimiento impacte efectiva y positivamente en su creación de valor y, como consecuencia de ello, en su ulterior desarrollo.”[2]

Queda claro entonces que la innovación[3] constituye el núcleo de la economía basada en el conocimiento. La innovación se basa en la interacción dinámica e institucionalizada de actores, que conforman un sistema o ecosistema.[4] No sólo se requiere un fortalecimiento de los distintos tipos de innovaciones – científico-tecnológica, empresarial, social y pública – sino que también es necesario hacerlos trabajar en conjunto en pos de las estrategias de país. Esas estrategias deben enfatizar el valor del conocimiento, su potencial social, cultural y económico interno pero también como factor que permite ser exportado hacia el mundo.

4.-       Gestión territorial y desarrollo del modelo CTIE en forma descentralizada. En palabras de la Agrupación de Universidades Regionales: ”La organización del sistema científico chileno es tributaria del sistema político-administrativo y las actividades sociales y económicas, es decir un esquema altamente centralizado que se reproduce mecánicamente, no obstante diversos compromisos de autoridades de diversos gobiernos y parlamento para avanzar hacia una mayor descentralización territorial.

Este fenómeno del centralismo es particularmente contradictorio con la realidad de un país que tiene una gran diversidad territorial, con valiosos laboratorios naturales que coexisten con una gran riqueza social y cultural y una variedad de ámbitos o sectores productivos.”[5]

El rol de la propiedad intelectual en el modelo CTIE

Propiedad intelectual (PI) es un término genérico que comprende un conjunto de derechos temporales, intangibles, exclusivos y excluyentes destinados principalmente a impedir falsificaciones o copias no autorizadas de creaciones y producciones del intelecto humano.[6]

De ahí se derivan dos críticas muy comunes a dicha institución jurídica: por un lado, la PI constituye una suerte de monopolio legal y temporal, y por el otro, se define como un privilegio de un titular que no necesariamente opta por la explotación y aprovechamiento social de la creación o  producción intelectual.[7]

Con todo, no existe histórica ni mundialmente un mecanismo tan potente como los derechos de PI, para promover e incentivar el progreso de la humanidad en las ciencias, tecnologías y en la cultura.

La PI se origina a partir del reconocimiento legal de un acto de creación personal. En forma cronológica este proceso se descompone en dos etapas:

a) investigación (básica o aplicada) y/o desarrollo de una creación o producción de la mente, y

b) reconocimiento legal del resultado intelectual, otorgándose un derecho exclusivo a su creador, sea por el sólo hecho de haberse originado y materializada la creación o por la vía de una solicitud e inscripción de determinado modo de protección intelectual en un registro ante una autoridad administrativa.

En definitiva, se observa que como característica global y elemento central, los derechos de propiedad intelectual nacen a partir de la capacidad humana de la creatividad, que por medio de la originalidad, distintividad o novedad, conduce respectivamente, ya sea a una obra, un signo o una invención, susceptibles de ser protegidos jurídicamente. Esa posibilidad de protección y la exclusividad asociada a la misma, actúan como un incentivo claro que tiene el creador o inventor para invertir su talento, tiempo y dinero en ese proceso creativo intelectual.

Es el Estado quien entonces, en su función regulatoria debe contemplar este mecanismo de avance científico-tecnológico en forma ponderada y equilibrada, pues involucra un potencial conflicto de intereses entre el individuo (titular del derecho) por un lado, y él de la sociedad por el otro. En caso de no darse este equilibrio, la continuidad de la labor creativa y científica peligra, al igual que el progreso de las ciencias y artes, pues los autores-investigadores carecen de incentivos.

Tradición constitucional de la propiedad intelectual

Chile posee una extensa tradición constitucional en materia de propiedad intelectual. En efecto, nuestras Constituciones desde el año 1833 han consagrado este tipo de propiedad como un derecho fundamental, lo cual por lo demás es coherente con lo que ha sucedido en el resto del mundo desde el siglo XIX.

La siguiente tabla exhibe esta trayectoria nacional de la PI en nuestras cartas fundamentales a lo largo de los años:

ConstituciónArtículoCapítulo
1833152 (153)[8]Capítulo X  De las garantías de la seguridad i propiedad
192510 nº 11[9]Capitulo III  Garantías Constitucionales
198019 nº 25[10]Capítulo III  De los derechos y deberes constitucionales

Queda claro con ello, que sería absolutamente deseable darle continuidad a esa trayectoria, máxime si la PI se ha consolidado como un derecho humano (contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948)[11], y cumpliendo hoy además un rol más relevante que nunca en la promoción de un modelo de CTIE en pos de generar la transformación hacia una sociedad del conocimiento. En consecuencia, no se trata entonces tanto de proteger un tipo de derecho de propiedad, sino que los valores inherentes y el proceso de creación e innovación.

El común denominador de las normas constitucionales antes referidas es la consagración de la PI como una garantía o derecho fundamental independiente del derecho de propiedad en general[12], aunque queda claro que se asimila a éste. Otra característica común es el hecho de que la PI se establece claramente en favor de los individuos, es decir existe un enfoque del interés de los titulares (originales o derivados). La función social de la PI está prácticamente ausente, y sólo aparece mencionada casi tangencialmente en la Carta de 1980, al existir una remisión al art. 19 nº 24 que consagra el derecho de propiedad en general. Pareciere, por consiguiente, que existiere una necesidad de relevar con más fuerza ese fundamento social (acceso al conocimiento, ciencia, tecnología y cultura) y una eventual protección del dominio público.

En el plano normativo, igualmente es relevante tener en cuenta que nuestro país ha suscrito y ratificado a lo largo de muchos años, los tratados internacionales más relevantes en materia de PI.[13]

Conclusión

Generar un desarrollo humano y de país, que sea integral y solidario, requiere proteger la creatividad e innovación, fomentar el emprendimiento y potenciar los incentivos que facilitan dichos procesos. En ese sentido, CTIE tienen un poder transformador y la virtud de generar bienestar social. Pero la CTIE requiere facilitadores y supuestos regulatorios que hacen funcionar la transferencia del conocimiento y de la tecnología (no sólo en el sector productivo). La PI es claramente un factor esencial en ese modelo, ya que juega un rol clave como motor e incentivo de la creatividad e innovación nacional, pero que tiene que ponderarse siempre con el interés social, generando los balances tan necesarios. Una regulación adecuada y el equilibrio justo permitirán incentivar las capacidades creativas e innovativas en el país, y al mismo tiempo proteger el patrimonio científico, tecnológico, natural y cultural de Chile.-


[1] Este artículo se basa en la minuta “Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento para un desarrollo humano y de país, y su consagración en la nueva Constitución”, expuesta por el autor en la sesión de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios de la Convención Constitucional, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2021.

[1] CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, Informe final del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, Asesor del Presidente de la República, 2006, p. 21.

[2] CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO, Informe “Base para la Estrategia Nacional CTCI 2021”, p. 13.

[3] Innovación se define como “un nuevo o mejorado producto o proceso (o la combinación de ambos), que difiere significativamente de los productos o procesos previos de la `unidad` y que han sido puestos a disposición de usuarios potenciales (producto) o siendo usado por la `unidad` (proceso).”

Fuente: OECD, Oslo Manual 2018, Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4º Ed., p. 20.

[4] Basado en el Manual de Oslo 2018, ob. cit.

[5] AGRUPACIÓN DE UNIVERSIDADES REGIONALES (AUR), Hacia Política de Estado de Descentralización Territorial de las Capacidades Científicas, p. 1.

[6]  SCHMITZ, Christian, La Propiedad Intelectual a la luz de los Tratados de Libre Comercio, Ed. Lexis Nexis, Santiago, 2005, p.17.

El carácter genérico de la PI se explica por el hecho de que engloba básicamente dos grandes ramas, ámbitos o subsistemas: la propiedad industrial y los derechos de autor.

[7] La PI únicamente en forma indirecta o secundaria, persigue asegurar la explotación económica de las creaciones y producciones intelectuales, sea por cuenta propia o autorizando su uso a terceros.

El principal fin es el derecho negativo de impedir falsificaciones o copias no autorizadas de dichas creaciones y producciones.

[8]  Constitución de 1833: Art. 152. “Todo autor o inventor tendrá la propiedad esclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la lei; i si ésta exijiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente.”

[9]  Constitución de 1925: Art. 10.  “La Constitución asegura a todos los habitantes de la República: …

11.  La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediere la lei. Si ésta exijiere su expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente;”

[10]  Constitución de 1980: Artículo 19.  “La Constitución asegura a todas las personas: …

25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, … .”

[11] El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, señala:

“1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”

Declaración Universal de los Derechos Humanos: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm

[12] El derecho de propiedad en general se encuentra establecido en las siguientes normas:

– Constitución de 1833: Art. 12 nº 5

– Constitución de 1925: Art. 10 nº 10

. Constitución de 1980: Art. 19 nº 24.

[13]  El sistema internacional de PI se configura a partir de los primeros tratados de 1883 (Convenio de París) y 1886 (Convenio de Berna), sumando en la actualidad 26 tratados administrados por la Organización de Propiedad Intelectual (OMPI): https://www.wipo.int/treaties/es/

Chile ha suscrito y ratificado cerca de 20 de estos tratados multilaterales.


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