La corrección del procedimiento aplicable por parte del Juez concursal

Por ISMAEL ANTONIO GONZÁLEZ CERDA

Abogado. Académico de Derecho Comercial y Derecho Concursal de la Universidad de la Frontera. Temuco, Región de la Araucanía. Correo electrónico: ismael.gonzalez@ufrontera.cl

Es interesante apreciar como en ciertos tribunales civiles de justicia (específicamente, Rancagua, San Fernando, Punta Arenas) han establecido la denominada: “Corrección del procedimiento concursal aplicable al deudor”.

Lo anterior se origina en la facultad que ha creado el juez concursal para indicarle a cada deudor que presenta su solicitud de liquidación voluntaria (sea empresa o persona deudora en virtud de lo establecido en el artículo 115 y 273 de la ley Nº 20.720, correspondientemente) el procedimiento concursal aplicable o debidamente correcto para resolver la insolvencia que lo aqueja. 

Es del caso de la resolución dictada por el 2º Juzgado Civil de Rancagua[1] con fecha 08 de Febrero de 2018, respecto de una solicitud de liquidación voluntaria de persona deudora. El tribunal a dicha petición resolvió lo siguiente:

             “Atendido el mérito de los antecedentes acompañados, teniendo en especial consideración la naturaleza jurídica del procedimiento de Liquidación Voluntaria de Persona Deudora, en circunstancias que no se cumple con todos los antecedentes   exigidos en el artículo 273 de la ley 20.720, correspondiendo para el caso sublite, la aplicación de un procedimiento concursal previo de Renegociación, se declara:   Téngase por no presentada la solicitud.”

Es curioso el argumento que entrega el Juez Concursal de la Ciudad de Rancagua, ya que concluye que la persona deudora ha elegido incorrectamente el procedimiento concursal aplicable para remediar su insolvencia y, en consecuencia, rechaza su petición. Este argumento es novedoso, ya que el procedimiento de liquidación (voluntaria), y siguiendo a los Profesores Nelson Contador y Cristián Palacios[2] se ha basado en la voluntad exclusiva del deudor y la única causal aplicable para iniciarlo es meramente referencial o genérica y consiste en la íntima convicción del deudor en orden de encontrarse en un estado de cesación de pagos, insalvable y que estima conducente someterse en un régimen universal de liquidación de sus bienes para el pago ordenado de sus deudas. Es decir, este régimen concursal descansa en la convicción del propio deudor de elegir el procedimiento aplicable de acuerdo con su situación actual y, por ende, nadie conoce mejor su realidad financiera personal. Por ello, el deudor puede elegir por iniciativa propia el procedimiento concursal aplicable y el juez no debe impedírselo.

En virtud de lo anterior, la resolución dictada en Rancagua resulta ser totalmente opuesta a los postulados doctrinarios en esta materia. Incluso, ya se han registrado otros fallos de la misma índole, por ejemplo, el 1º Juzgado de Letras de San Fernando[3] con fecha 02 de Agosto de 2018 y el 3º Juzgado de Letras de Punta Arenas[4] con fecha 15 de Julio de 2020. 

Estas decisiones pueden ajustarse de acuerdo con las facultades del juez concursal pero también pueden tener una serie de repercusiones que pueden ser objeto de debate, como por ejemplo, dejar en la indefensión a un solicitante en que la única opción para resolver su situación de insolvencia es la liquidación de sus bienes y no el procedimiento indicado por el juez. En este sentido, la Corte de Apelaciones de Valdivia (resolviendo un recurso de queja)[5], expresó que al impedir el juez de la causa la substanciación de la acción de liquidación voluntaria ha transgredido uno de los principios orientadores de todo procedimiento, cual es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, integrante rector en el debido proceso que se encuentra constitucionalmente garantizado en el artículo 19 Nº3.

Las resoluciones mencionadas y citadas oportunamente concluyen que el juez concursal ha interferido en la voluntad del deudor para iniciar un procedimiento de liquidación voluntaria, a tal punto, de corregirlo en su misma intervención, atribución que puede ser cuestionable por aquella doctrina y jurisprudencia que respeta totalmente la voluntad y opción del deudor para la apertura de una liquidación.


[1] 2º Juzgado Civil de Rancagua, 08 de Febrero de 2018, Rol Nº C-393-2018.

[2] CONTADOR, Nelson y PALACIOS, Cristián, Procedimientos Concursales. Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Ley Nº 20.720. Editorial Thomson Reuters, Santiago, 2015, p.141.

[3] 1º Juzgado de Letras de San Fernando, 02 de Agosto de 2018, ROL C-1864-2018.

[4] 3º Juzgado de Letras de Punta Arenas, 15 de Julio de 2020, ROL C- 642-2020.

[5] Corte de Apelaciones de Valdivia, 21 de Noviembre de 2016, ROL CIVIL Nº 635-2016.


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