Breves notas sobre la ley 21.379.

Cristóbal Andrés Bardales Rioseco.

Abogado. Director de Iusta Causa. Premio Universidad UCSC otorgado al mejor egresado de su generación año 2017.

Como es de público conocimiento, la ley 21.226 vino en establecer un régimen jurídico de excepción para los procesos, audiencias y actuaciones judiciales, e igualmente para los plazos y el ejercicio de las acciones que en ella se indican, todo en razón del impacto de la enfermedad covid-19 en nuestro país.

Como toda norma de excepción, tan relevante como su inicio es su final, y precisamente en el texto de aquella norma, se establecía a lo largo de su articulado, como regla general[1], que sería el término del estado de excepción constitucional de catástrofe el que determinara el fin de las facultades consagradas en la normativa especial. Sin embargo, ante el inminente fin del estado de catástrofe, se dictó la ley 21.379, que vino a modificar la norma 21.226, con la finalidad de establecer que, pese al término del estado de excepción constitucional, las disposiciones contenidas en esta última, se deben entender vigentes hasta el día 30 de noviembre del año 2021, y para ello, se agregó un artículo 11 en el cuerpo normativo en comento, el cual establece que “A excepción de los artículos 4 y 6, en cada una de las demás disposiciones de la presente ley en que se refiere a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al tiempo en que éste sea prorrogado ha de entenderse que las respectivas reglas refieren al término que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021.” Adicional a esto, la ley 21.379 agregó el artículo 12 y derogó el artículo 6 de la ley 21.226.

Lo expuesto es relevante, pues, lo que se quiere comentar en la presente columna, dice relación con lo que comenzará en razón de la ley 21.379 y para ello, es necesario tener presente que gran parte de la excepcionalidad establecida por la ley 21.226 subsistirá hasta el 30 de noviembre, a lo menos, por consiguiente y sólo a modo ilustrativo, de conformidad al artículo 8 de dicho cuerpo legal modificado, hasta el 30 de noviembre la sola presentación de la demanda interrumpirá la prescripción (siempre que se verifique la declaración de admisibilidad y notificación en tiempo y forma) o acorde el artículo 9, hasta dicha fecha se podrá solicitar la suspensión de la vista de la causa o de la audiencia, alegando cualquier impedimento relacionado a la emergencia sanitaria.

Entonces, si acorde el artículo 11 de la ley 21.226, en principio, nada ha cambiado, ¿dónde estaría lo relevante? Primeramente, de conformidad al inciso segundo del artículo 12, se procedió a eliminar la carga procesal que se consagra en el artículo 52 del código de procedimiento civil, eliminación que se aplica sólo en las causas en que el término probatorio hubiere estado suspendido por la aplicación del ya derogado artículo 6°, sin perjuicio de la facultad del tribunal de ordenar otras formas de notificación.

 En segundo lugar, como se derogó el artículo 6° que consagraba la suspensión de los términos probatorios, ya sea que hubieren principiado con anterioridad a la ley 21.226 o aquellos que hubieren iniciado bajo su vigencia, correspondía establecer la forma en que se reanudarían dichos términos, y es precisamente esto lo que hace el artículo 12, indicando que la reanudación será con la notificación[2] de la resolución recaída en la solicitud que una parte efectúe en ese sentido, por consiguiente, la reanudación no será de pleno Derecho ni de oficio, sino que, a petición de parte.

Luego, en su inciso tercero, viene en establecer lo que quizás, sea lo más comentado y litigado de esta normativa, pues señala que no se contabilizará el tiempo en que el juicio hubiere estado paralizado por disposición del artículo 6° o, por cualquiera otra causal producto de la pandemia.

I.- Con respecto a la no contabilización del tiempo en que el juicio hubiera estado suspendido acorde lo dispuesto por el artículo 6°, consideramos relevante señalar que:

  1. Es de toda lógica que aquél tiempo transcurrido no sea considerado para efectos de computar el plazo de 6 meses que exige el legislador procesal, pues, el abandono del procedimiento es una sanción a aquél litigante negligente, que no ha dado curso progresivo a los autos mediante una gestión útil, descuidando así el impulso procesal, y dicha negligencia no se constata en esta hipótesis, pues si la causa no ha avanzado, es precisamente porque el legislador así lo ordenó y, no por negligencia del actor.
  2. Acorde lo expuesto, una correcta interpretación del artículo 12 en relación al derogado artículo 6, permite concluir que  no se computará el tiempo transcurrido, sólo en el medida que la causa se encuentre con término probatorio iniciado, pues, es precisamente ello lo que suspendía el artículo 6°, por consiguiente, si la causa se encontraba con sentencia definitiva dictada y aquella no fue notificada en los 6 meses posteriores, no debiese[3] existir impedimento para que la declaración de abandono del procedimiento sea acogida.
  3. De la interpretación de los incisos primero y tercero del artículo 12, se debiese colegir, que el tiempo que no se contabilizará para la declaración de abandono, es aquél en que el término probatorio estuvo suspendido en razón del artículo 6 y no, en razón de que la parte interesada no haya solicitado su reanudación. Consideramos evidente esta conclusión, pues en el artículo 6 la suspensión provenía de un imperativo legal, en cambio ahora, proviene de la decisión de parte de no reanudarlo y esto es relevante, a mayor abundamiento, la redacción del artículo 12 establece explícitamente que la reanudación del término probatorio será previo impulso de parte.
  4. Finalmente, explicitar que desde la finalización del estado de excepción constitucional, el término probatorio continúa suspendido, pero ahora, es en razón de que no ha existido petición de reanudación por parte de los litigantes.

II.- Con respecto a la no contabilización para los efectos de los artículos 152 y 153 del código de procedimiento civil, en razón de “cualquiera otra causal producto de la pandemia”, estimamos pertinente indicar que:

  1. La jurisprudencia reciente sobre este punto es preocupante, pues pese a la ley de tramitación electrónica y era digital, se ha reconocido a la medida sanitaria del denominado “plan paso a paso” con sus cuarentenas y limitaciones de movilidad, como causal suficiente que justifica la dilación de un procedimiento. Así, por ejemplo en causa rol 22.384-2021, donde pese a encontrarse una causa de expediente físico digitalizada íntegramente, pese a que el abogado de la parte demandante manejaba su oficina judicial virtual, a tal punto de presentar el recurso que conoció la Excelentísima Corte Suprema, nuestro máximo tribunal acogió el recurso de casación en el fondo, anulando la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primer grado, que declaró abandonado el procedimiento por no haberse notificado la sentencia definitiva a las partes luego de haber transcurrido más de 6 meses desde su dictación. También, a estas mismas causales, dicho excelentísimo tribunal le ha consagrado la chance de justificar la presentación de un recurso fuera de plazo, en razón de que, por la cuarentena, el abogado no podía acceder a los documentos físicos que se encontraban en su oficina (causa rol 22.193-2021), por consiguiente, y si bien analizar esta cuestión es algo que excede el ámbito de esta reseña, consideramos relevante mencionar este primer punto.
  2. En segundo lugar y recordando que el artículo 12 señala “no se contabilizará”, debemos tener presente que no es una interrupción, sino, una suspensión, lo que implica que, el plazo para la declaración de abandono que estaba transcurriendo previo a la dictación de la ley 21.226 no debe considerar al período en que, por alguna causal relacionada al covid, la parte no dio curso a los autos, pero, aquello no hace perder el tiempo que efectivamente se dejó transcurrir, cuyo cómputo hacia los 6 meses se reanudaría una vez que cese dicho impedimento, el cual naturalmente, deberá ser alegado y probado por la parte contra quien se alega el abandono. Así las cosas, si se dictó sentencia un mes antes de entrar en vigencia la ley 21.226, y se decretó cuarentena por 4 meses en la comuna donde reside el abogado de la parte demandante (que coinciden con los primeros 4 meses en vigor de esta ley), en principio, llevamos sólo 1 de los 6 meses que requiere el legislador para la declaración de abandono del procedimiento y el cómputo hacia aquél se debería reanudar una vez que hubiera cesado dicho impedimento, lo que en el ejemplo propuesto, sería una vez que se alzó dicha medida sanitaria y por consiguiente, se podría alegar dicho incidente especial.
  3. Para finalizar, queremos señalar que una sanción, como lo es el abandono del procedimiento, el cual pugna reiteradamente con el acceso a la justicia, el ejercicio de Derechos constitucionalmente garantizados, el Derecho al recurso, entre muchos otros principios rectores del Derecho procesal, debe siempre ser interpretado en forma restrictiva y con mayor razón, en períodos de excepcionalidad como el que estamos viviendo, pero, ello no implica en modo alguno su obsolescencia, al contrario, así como existen los principios previamente mencionados, también existe el Derecho a la seguridad y estabilidad jurídica (para el demandado, en particular), cuestión que colisiona con el permitir un juicio “eterno” y por consiguiente, es necesaria la existencia de dicha sanción, razón por la cual, miramos con cierta preocupación la fórmula que se ha empleado en este artículo 12 y, esperaremos los fallos que se dicten al respecto, para comentarlos nuevamente con ustedes.


[1] En efecto, en el artículo 4 de la ley 21.226, modificada por la ley 21.379,  se constata que no es sólo el término del estado de excepción constitucional el que determina el fin de la facultad que en aquél se consagra, sino, que aquella subsistirá, “en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19”

[2] Se hace presente que dicha notificación no tiene una forma especial establecida y, por consiguiente, la notificación debiese ser acorde la norma general, la cual es, mediante su inserción en el estado diario respectivo.

[3] Se expresa en términos condicionales, pues el propio artículo 12, consagra una hipótesis general de justificación ante la falta de curso progresivo, bajo la forma de “cualquiera otra causal producto de la pandamia”

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